- Destacan atenciones a más de 50 mil personas en USF´s
- Gran cantidad de pobladores acceden a sistemas agua potable.
El Gobierno Nacional presentó un informe pormenorizado de las acciones realizadas para la Rehabilitación de la Infraestructura y Servicios Sociales en la zona norte del país, en el marco de la declaración de emergencia en los departamentos de Canindeyú, San Pedro y Concepción.
La inversión total en estos 90 días de declaración de emergencia fue de aproximadamente 45 millones de dólares beneficiando a más de 400.000 personas.
Dentro del conglomerado de acciones encaradas desde el Ministerio de Salud Pública, unos 7.455 adultos mayores recibieron atención médica en sus mismas comunidades a través de los servicios de Atención Primaria a la Salud y los servicios ambulatorios que cubrieron asentamientos.
Las Unidades de Salud Familiar (USF) atendieron a 50.745 personas mediante la promoción y el fortalecimiento de sus servicios y fueron creadas 25 USF en asentamientos que no tenían cobertura anteriormente. Mientras tanto, la atención bucodental llegó a 10.106 personas, mayoritariamente niños y niñas con un enfoque educativo y preventivo, fomentando la cultura del cuidado y el aseo personal.
En los tres departamentos se encontraron zonas que no tenían cobertura sanitaria desde la atención primaria a la salud, por ello se realizaron jornadas de visitas a comunidades con brigadas de médicos, enfermeras y odontólogos que llegaron a atender a 17.042 personas; y 13 nuevas ambulancias fueron alistadas en puestos de salud clave por su densidad demográfica en los tres departamentos.
Se trabajaron en 46 sistemas de agua que beneficiarán a más de 24.000 personas con acceso a agua potable por primera vez (SENASA).
Por Decreto Nº 2.954 de enero del 2015, el Poder Ejecutivo declaró emergencia en el Departamento de Canindeyú, sumándose éste a los departamentos de San Pedro y Concepción, que ya habían sido declarados en emergencia por Ley de la República Nº 5229/2014 y 5270/2014.
El decreto impuso un plazo de 90 días para encarar el plan de acción trazado. Esta etapa sirvió para marcar una hoja de ruta para las acciones de carácter prioritario que tuvieron por objetivo restablecer indicadores de bienestar y condiciones adecuadas para encaminar procesos de desarrollo acordes al resto del país.
