- Cuentas arrastradas son saldadas mediante negociaciones con proveedores.
- Se han adjudicado 300 llamados y están pendientes de verificación otros 8.
Los plazos para la realización de una licitación están estipuladas por ley, lo que en cierta manera retrasa las adjudicaciones a los oferentes. Sin embargo están garantizadas las provisiones, mediante las negociaciones encaradas desde la administración central, según sostuvo el Ing. Sergio Barrios, Director General de la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud.
El directivo sostuvo que la actual administración tuvo problemas al inicio de la gestión, que fueron sobrellevados y que posteriormente redundan en beneficio de la población.
Aseguró además que si bien el presupuesto asignado para las licitaciones es real, legal, existe una ejecución que se dedica a pagar las deudas contraídas por administraciones anteriores y que fueron heredadas a partir del 15 de agosto de 2013.
El Ing. Barrios resaltó que la deuda heredada dificultó las adjudicaciones, porque la disponibilidad financiera para cubrir los gastos llegaba solamente al 10%. Tal es así que de G. 500.000 millones que debía contar a principios de año para procesos licitatorios solo hubo disponibilidad de G. 50.000 millones en marzo.
El funcionario sostuvo sin embargo que se está trabajando para llevar a cabo los procesos licitatorios, los cuales ascienden a 8 llamados a ser verificados y validados, mientras que ya fueron notificadas unas 300 adjudicaciones.
PLAZOS LICITATORIOS
En el normal de los casos, un llamado a licitación está unos 35 días en el portal. “Lo que dice la ley es 20 días hábiles, pero llegamos a más de ese tiempo por las consultas que tienen los oferentes; porque es un proceso que tiene que tener publicidad suficiente y libre acceso a la información”, expresó.
Barrios relató que posteriormente se procede a la apertura de sobres, cuyo proceso es de 20 días más. Esto puede hacerse en cinco o siete días en el caso que la operación no sea complicada, porque pueden existir pocos oferentes. Generalmente se presentan muchos oferentes lo que significa que se deben agotar los quince a veinte días para hacer una evaluación.
Luego se procede a la firma de la resolución correspondiente en base al informe y se remite a las empresas por otro plazo de 20 días hábiles para que los oferentes puedan firmar su contrato.
“Es una burocracia, reglada por ley la cual no podemos saltar ningún paso, porque puede afectar la trasparencia y legalidad del proceso. Como Estado tenemos que proveer seguridad y el marco jurídico, en estos proceso”, concluyó.
